Democracia antidemocrática

J. R. Mora

Fuente | Extremadura Progresista

Recuerda Daniel Simón Pla que la legalidad vigente en materia electoral española impide que nuestro régimen parlamentario pueda ser calificado como democracia plena. Aporta para ello argumentos mil veces explicados pero que conviene recordar ahora que los buitres políticos se lanzan a por la carroña ciudadana empujados por su irrefrenable hambre preelectoral:

"Los datos son claros: la ley electoral actual dijo que el casi millón de votos que obtuvo IU en las últimas elecciones generales (año 2008) debían traducirse legalmente en una representación legal de tan solo 2 escaños en el parlamento. Convergencia i Unió, con unos 200.000 votos menos que la formación de izquierdas, llegaba sin embargo hasta los 15 asientos. Esto significaba que la tercera formación estatal en cuanto a número de votos, heredera además de las fuerzas cuya lucha durante el franquismo hizo posible la democracia en España, se quedaba mermadísima no solo en la evidente cuestión representativa, sino en los aspectos financieros, de personal ayudante asignado, de iniciativa legislativa o de tiempo de intervención ante la cámara para defender sus propuestas. Unas propuestas que en las últimas elecciones, en el momento más bajo de IU, representaban a la friolera de 963.040 ciudadanos y ciudadanas. El trabajo que en el PSOE pueden hacer entre 169 diputados más sus ayudantes, en IU lo tienen que hacer entre dos. Algo falla en nuestra democracia.

De estos datos extraje la conclusión que arrojan los números. Si el voto de un ciudadano puede valer 7 veces menos que el de otro en función de a quien elija votar ¿No se está pervirtiendo el principio de igualdad ante la ley?¿No se basa un sistema democrático en la igualdad de oportunidades y de voto para todos/as los/as ciudadanos/as? ¿No resulta, por tanto, poco exagerado hablar de la existencia de castas en la España del siglo XXI? No castas de nacimiento, como continua pasando vergonzosamente con los 'intocables' de la India, sino otras que clasifican a sus ciudadanos según lo que hayan decidido votar.

Algunos podrán decirme que la Ley d'Hont, la fórmula matemática principal responsable del desproporcionado reparto de escaños en la España actual, se puso por una razón: la de evitar que decenas de pequeños partidos obtuvieran una representación en las cortes que hiciera difícil la gobernabilidad, abriéndose demasiado el abanico de posibles pactos como pasaba, nos decían, en Italia. La ley d'Hont, por tanto, es un rémora heredada de la transición, en la que el fervor de la recién llegada democracia provocó de hecho la fundación de cientos de partidos. Más de treinta años después, el devenir democrático nos ha venido a decir que esto no es así, que las propuestas de los partidos no mayoritarios pueden ser interesantes para el conjunto de la sociedad; que los pactos de gobierno multipartitos, lejos de imponer a la mayoría la voluntad de una minoría, representan a una pluralidad aún mayor de ciudadanos/as; que cuando una persona a la que no convence ni el PP ni el PSOE siente que su voto puede realmente contar, la abstención baja y la democracia se fortalece. No es casualidad que el índice de las últimas elecciones catalanas haya sido de los más bajos de la historia de la de democracia y que el parlamento resultante de las mismas siempre sea de los que incluyen más grupos distintos.

Y todo esto se relaciona con la reforma parcial de la ley electoral que se plantea ahora. ¿Los ciudadanos hoy votan a listas abiertas de personas o a partidos? A partidos, claro (siendo el senado excepción que confirma la regla). Así que no tiene sentido que estos diputados, concejales o senadores retengan su acta y su puesto si abandonan las siglas por las que fueron elegidos (porque los ciudadanos votan a una lista y a un partido, no a una persona). Este debate se tuvo en los primeros años de democracia, cuando los 'fichajes' de concejales electos por formaciones diversas ocurrían con frecuencia. Si la memoria no me falla, fue el Tribunal Constitucional el que realizó una interpretación de la ley electoral para determinar que correspondía a cada diputado el acta por el que fueron elegidos. Ahora, tras más de tres décadas de andadura democrática, vemos que no nos vale. Que los tránsfugas están usando este derecho constitucional para secuestrar la democracia y subvertir la voluntad de aquellos que le eligieron. No está mal que se revise una ley que se escribió con el cadáver de Franco aún caliente si vemos que nuestro devenir democrático nos dice que otra letra es necesaria para, precisamente, reforzar la democracia. Pero si se abre el debate de a quién pertenece el acta de diputado o concejal ¿Por qué no se revisa lo que se ha revelado como otra injusticia histórica y se reforma el anti democrático sistema basado en la ley d'Hont y en esos porcentajes mínimos que se le exigen a un partido para que sus votos computen de cara a obtener representación?

Está bien que las constituciones no estén escritas en piedra. Está bien que cada generación haga su constitución. La actual Constitución española se aprobó en 1978. Esto quiere decir que ningún ciudadano menor de 50 años pudo votar por ella. Para mi generación, la legitimidad de nuestra carta magna actual tiene fecha de caducidad. Es algo que no debería asustar a nadie. Una constitución que rija los destinos de un estado en donde los ciudadanos vivos que la votaron sean minoría tendría el mismo sentido democrático que las leyes fundamentales del movimiento. Como he querido señalar, para acometer la reforma de la ley electoral planteada por el gobierno es posible que se tuviera que reformar antes la constitución. Y es normal y positivo. Pero ya que nos ponemos, que se vuelva a preguntar al pueblo soberano cómo quiere vivir y con qué reglas. Así se conseguiría reapuntalar la democracia y hacer que los contribuyentes vuelvan a sentirse ciudadanos de un estado democrático donde su opinión cuenta. Si no, no esperen ver repuntar los índices de abstención en las elecciones durante mucho tiempo.

La doctrina feminista dice, y dice bien, que hasta que las mujeres no sean libres la humanidad entera no será libre. Que ningún votante del PP o el PSOE piense que la ley electoral actual de España, que beneficia a sus partidos, puede sostener un sistema democrático realmente justo. Porque, extrapolando la enseñanza del feminismo, sabemos que hasta que no haya una ley electoral justa para todos los partidos no habrá una democracia justa para todas las personas en España".