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15 feb 2011

La (improbable) venganza de la razón

Interviú | 14 de febrero de 2011
Fuente | Interviú

Si el mundo en que (mal)vivimos incluyera un mínimo de lógica en su funcionamiento interno, alguna(s) de la(s) doce 'venganzas de la razón' propuestas por Cristian Campos y divulgadas por Arcadi Espada tendrían cabida en él:

"1. Denegar cobertura sanitaria 'occidental y alopática' a todos los que defienden, practican o comercian con la homeopatía y las medicinas alternativas. Y también a los que se niegan a vacunar a sus hijos. Qué menos que un mínimo de coherencia intelectual. Con un poco de suerte, en apenas unas generaciones hemos erradicado el gen de la credulidad. ¡Hay tantas enfermedades interesantes que pueden fulminarte mucho antes de que llegues a la madurez sexual y tengas la oportunidad de transmitir ese absurdo gen!

2. Ahora que está de moda concienciar a los usuarios de la sanidad pública informándoles del coste de sus medicamentos, obligar en contrapartida a las administraciones a informar a todos los ciudadanos de la cantidad que se les arrebata mensualmente vía impuestos directos e indirectos. Y al final del año fiscal, un resumen desglosado de la magnitud global del latrocinio. Quizá cuando lo vean por escrito, algunos socialistas se vuelven partidarios del mucho menos sangrante diezmo medieval.

3. Detraer a todos los políticos partidarios de la limitación de los horarios comerciales un porcentaje de su sueldo idéntico al de las horas que los ciudadanos deben permanecer forzosamente sin trabajar. Es decir, un 60% aproximadamente. A los partidarios de que los comerciantes no puedan pintar sus persianas o colocar rótulos en la fachada de sus negocios o vender libremente los productos que deseen en vez de los que determina el funcionario de turno (una peculiaridad del estalinismo municipal y autonómico catalán), un billete de avión para la planificadísima Corea del Norte. Sólo ida.

4. Condenar a todas las mujeres que interpongan denuncias falsas a una pena igual, en su tramo superior, a la del delito denunciado. Y acabamos de una vez con las dudas sobre la falsedad o la realidad del mito. ¿Y por qué sólo a las mujeres? Porque al igual que ocurre en el caso del delito de maltrato, la denuncia falsa interpuesta por una mujer no puede considerarse el mismo delito que la denuncia falsa interpuesta por un hombre: ella se está aprovechando fraudulentamente de una posición de fuerza (santificada por la ley) de la que no disfruta el hombre, por lo que su delito es objetivamente más lesivo.

5. Obligar a los arquitectos del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona [sustitúyase Barcelona por la ciudad que convenga a cada cual] a vivir, no ya 'en', sino 'cerca' de uno de sus repugnantes engendros de protección oficial. Con el objetivo evidente de que, al igual que el resto de los vecinos del barrio, también ellos puedan disfrutar a diario de los innumerables placeres estéticos de la escuela arquitectónica comunista albanesa en su versión barcelonesa.

6. Obligar a los perceptores de cualquier tipo de ayuda, prestación o subvención pública a devolverla. En cómodos plazos, sin intereses y cuando su situación financiera lo permita, pero que lo devuelvan. Con la excepción evidente de las prestaciones que, de acuerdo al sentido común, no pueden ser devueltas por el receptor (invalidez, minusvalías y jubilaciones). Porque el dinero público sí es de alguien: de aquel que ha trabajado para ganárselo.

7. Dejémonos de exquisiteces y reescribamos el artículo 1 de la Constitución tal que así: 'España se constituye en un Estado social y oclocrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la chupada de huevos, el despotismo funcionarial y el berlusconismo'.

8. Darle a la ministra Pajín una responsabilidad acorde a su capacidad real en el mercado libre para que se distraiga y deje de derramar su creatividad sobre la jeta de sus indefensos rehenes.

9. Obligar por ley a disolver el Parlamento y a convocar elecciones generales cada vez que el país supere determinadas líneas rojas: por ejemplo, la tasa de paro media europea (alrededor de un 10%; España supera el 20%) o la tasa media comunitaria de abandono escolar (alrededor de un 15%; España se sitúa aproximadamente en el 30%).

10. Obligar a todos los funcionarios españoles a aprenderse de memoria el libro Cómo escribir claro de Jordi Pérez Colomé. Y una vez que hayan aprendido a escribir claro, lograr que piensen claro adaptando y aplicando los diez principios del libro a la acción de gobierno. Por ejemplo: 'El ciudadano manda' o 'Si una ley parece innecesaria, seguro que lo es'.

11. Socializar todo lo socializable. ¿Por qué quedarse en el reparto igualitario de los frutos financieros del talento y la capacidad de trabajo? ¿Por qué no socializar también el fruto de otro tipo de características personales igual de innatas, intransferibles y caprichosas, como la belleza física o el gracejo? ¡Enmendémosle la plana a la genética! ¡Que los españoles más salerosos y bellos entre los bellos empiecen a transferir un porcentaje de sus novias a los tipejos más horrendos y desagradables de su comunidad de vecinos!

12. En el tema del aborto, o todos moros o todos cristianos. La propuesta: obligar a las mujeres a llevar adelante el embarazo no deseado si el padre accede a hacerse cargo del niño a partir de su nacimiento, a cambio de desligar a la madre de toda responsabilidad personal o financiera respecto a su hijo. Porque la horrible alternativa a esto es pensar que, oh virgen santa, hay mujeres que prefieren abortar antes que dejar que el padre se haga cargo del niño en solitario. En sentido contrario, permitir al padre desligarse de todo tipo de responsabilidad personal o financiera respecto al niño si la madre decide llevar adelante el embarazo en contra de su voluntad".

27 ene 2011

Democracia antidemocrática


Recuerda Daniel Simón Pla que la legalidad vigente en materia electoral española impide que nuestro régimen parlamentario pueda ser calificado como democracia plena. Aporta para ello argumentos mil veces explicados pero que conviene recordar ahora que los buitres políticos se lanzan a por la carroña ciudadana empujados por su irrefrenable hambre preelectoral:

"Los datos son claros: la ley electoral actual dijo que el casi millón de votos que obtuvo IU en las últimas elecciones generales (año 2008) debían traducirse legalmente en una representación legal de tan solo 2 escaños en el parlamento. Convergencia i Unió, con unos 200.000 votos menos que la formación de izquierdas, llegaba sin embargo hasta los 15 asientos. Esto significaba que la tercera formación estatal en cuanto a número de votos, heredera además de las fuerzas cuya lucha durante el franquismo hizo posible la democracia en España, se quedaba mermadísima no solo en la evidente cuestión representativa, sino en los aspectos financieros, de personal ayudante asignado, de iniciativa legislativa o de tiempo de intervención ante la cámara para defender sus propuestas. Unas propuestas que en las últimas elecciones, en el momento más bajo de IU, representaban a la friolera de 963.040 ciudadanos y ciudadanas. El trabajo que en el PSOE pueden hacer entre 169 diputados más sus ayudantes, en IU lo tienen que hacer entre dos. Algo falla en nuestra democracia.

De estos datos extraje la conclusión que arrojan los números. Si el voto de un ciudadano puede valer 7 veces menos que el de otro en función de a quien elija votar ¿No se está pervirtiendo el principio de igualdad ante la ley?¿No se basa un sistema democrático en la igualdad de oportunidades y de voto para todos/as los/as ciudadanos/as? ¿No resulta, por tanto, poco exagerado hablar de la existencia de castas en la España del siglo XXI? No castas de nacimiento, como continua pasando vergonzosamente con los 'intocables' de la India, sino otras que clasifican a sus ciudadanos según lo que hayan decidido votar.

Algunos podrán decirme que la Ley d'Hont, la fórmula matemática principal responsable del desproporcionado reparto de escaños en la España actual, se puso por una razón: la de evitar que decenas de pequeños partidos obtuvieran una representación en las cortes que hiciera difícil la gobernabilidad, abriéndose demasiado el abanico de posibles pactos como pasaba, nos decían, en Italia. La ley d'Hont, por tanto, es un rémora heredada de la transición, en la que el fervor de la recién llegada democracia provocó de hecho la fundación de cientos de partidos. Más de treinta años después, el devenir democrático nos ha venido a decir que esto no es así, que las propuestas de los partidos no mayoritarios pueden ser interesantes para el conjunto de la sociedad; que los pactos de gobierno multipartitos, lejos de imponer a la mayoría la voluntad de una minoría, representan a una pluralidad aún mayor de ciudadanos/as; que cuando una persona a la que no convence ni el PP ni el PSOE siente que su voto puede realmente contar, la abstención baja y la democracia se fortalece. No es casualidad que el índice de las últimas elecciones catalanas haya sido de los más bajos de la historia de la de democracia y que el parlamento resultante de las mismas siempre sea de los que incluyen más grupos distintos.

Y todo esto se relaciona con la reforma parcial de la ley electoral que se plantea ahora. ¿Los ciudadanos hoy votan a listas abiertas de personas o a partidos? A partidos, claro (siendo el senado excepción que confirma la regla). Así que no tiene sentido que estos diputados, concejales o senadores retengan su acta y su puesto si abandonan las siglas por las que fueron elegidos (porque los ciudadanos votan a una lista y a un partido, no a una persona). Este debate se tuvo en los primeros años de democracia, cuando los 'fichajes' de concejales electos por formaciones diversas ocurrían con frecuencia. Si la memoria no me falla, fue el Tribunal Constitucional el que realizó una interpretación de la ley electoral para determinar que correspondía a cada diputado el acta por el que fueron elegidos. Ahora, tras más de tres décadas de andadura democrática, vemos que no nos vale. Que los tránsfugas están usando este derecho constitucional para secuestrar la democracia y subvertir la voluntad de aquellos que le eligieron. No está mal que se revise una ley que se escribió con el cadáver de Franco aún caliente si vemos que nuestro devenir democrático nos dice que otra letra es necesaria para, precisamente, reforzar la democracia. Pero si se abre el debate de a quién pertenece el acta de diputado o concejal ¿Por qué no se revisa lo que se ha revelado como otra injusticia histórica y se reforma el anti democrático sistema basado en la ley d'Hont y en esos porcentajes mínimos que se le exigen a un partido para que sus votos computen de cara a obtener representación?

Está bien que las constituciones no estén escritas en piedra. Está bien que cada generación haga su constitución. La actual Constitución española se aprobó en 1978. Esto quiere decir que ningún ciudadano menor de 50 años pudo votar por ella. Para mi generación, la legitimidad de nuestra carta magna actual tiene fecha de caducidad. Es algo que no debería asustar a nadie. Una constitución que rija los destinos de un estado en donde los ciudadanos vivos que la votaron sean minoría tendría el mismo sentido democrático que las leyes fundamentales del movimiento. Como he querido señalar, para acometer la reforma de la ley electoral planteada por el gobierno es posible que se tuviera que reformar antes la constitución. Y es normal y positivo. Pero ya que nos ponemos, que se vuelva a preguntar al pueblo soberano cómo quiere vivir y con qué reglas. Así se conseguiría reapuntalar la democracia y hacer que los contribuyentes vuelvan a sentirse ciudadanos de un estado democrático donde su opinión cuenta. Si no, no esperen ver repuntar los índices de abstención en las elecciones durante mucho tiempo.

La doctrina feminista dice, y dice bien, que hasta que las mujeres no sean libres la humanidad entera no será libre. Que ningún votante del PP o el PSOE piense que la ley electoral actual de España, que beneficia a sus partidos, puede sostener un sistema democrático realmente justo. Porque, extrapolando la enseñanza del feminismo, sabemos que hasta que no haya una ley electoral justa para todos los partidos no habrá una democracia justa para todas las personas en España".

25 ene 2011

Decálogo del periodista del año 11


"No hay diferencias éticas en la manera de afrontar una profesión en pleno cambio, si se compara con tiempos pasados y mejores para este oficio. Con motivo de la celebración del día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el lunes 24 de enero, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) recuerda a todos los profesionales la importancia de defender los principios del buen periodismo.


1. Imponer la lógica del servicio: La FAPE recuerda las enseñanzas del maestro en ética periodística Javier Darío Restrepo, cuando señala que el principio y el fin de los medios 'siempre debe ser el lector o la audiencia'.

2. Izar la bandera de la ética: El Código Deontológico de la FAPE ofrece una serie de principios éticos, básicos para ejercer con vocación de servicio público. Un periodista ético es aquel que actúa como legislador de sí mismo.

3. Llevar nuestro compromiso de servicio público a todo soporte: La ética no distingue entre medios, tal y como se leyó en el Manifiesto publicado por la FAPE con motivo del Día de Internet, el  17 de mayo de 2010. Esta Federación reivindica el papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la profesión y exhorta al periodismo online a mirar a la excelencia tanto o más que otros medios, ya que el grueso de la información está destinado a ser transmitido por la Red.

4. Defender la independencia frente a los poderes: La imposición de bloques electorales a las televisiones, públicas y privadas, constituye un claro intento de control político de la información. La FAPE rechaza estos espacios porque invalidan el papel informativo del periodista, suponiendo un auténtico atropello profesional, y advierte de que la reforma de ley electoral -ya aprobada por el Senado- podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución al obligar a las cadenas privadas a dedicar tiempos reglados a la propaganda política bajo los mismos criterios de proporcionalidad y neutralidad que ya imperan en las públicas, señala un informe de la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación.

5. Reivindicar nuestros derechos: Los periodistas no podemos permitirnos perder la batalla por el reconocimiento de los derechos de autor, morales y económicos, de los periodistas. Su regulación contribuirá a que todos los agentes implicados en la elaboración y consumo de la información tomen conciencia de 

6. Instar a editores y periodistas a entender el periodismo de calidad como un buen negocio: La crisis económica no debería representar una pérdida de calidad. 'Los medios no se venden por sus anuncios, se venden por su credibilidad', explica Javier Darío Restrepo, 'y esa se consigue publicando información de interés público'. 'Cuanta más información de calidad, más anunciantes habrá y esas ganancias servirán para seguir informando', concluye el maestro en ética periodística.

7. Confiar en la formación y en la reconversión para ganar la batalla al desempleo: Los medios de comunicación demandan nuevos perfiles profesionales, preparados para la edición digital. Los periodistas, hoy y siempre, hemos sido profesionales curiosos e interesados en los cambios. La maleabilidad de nuestro AND nos convierte en uno de los colectivos mejor preparados para abrazar la tecnología y usarla en beneficio de la sociedad.

8. Emprender: El periodista es un emprendedor nato. Las nuevas herramientas digitales abren múltiples vías para el ejercicio del periodismo individual y colectivo sin necesidad del paraguas de grandes empresas editoriales. Construir nuestra propia marca profesional puede contribuir a reducir la tendencia al desempleo.

9. Unidad frente a la crisis: implicar a los editores, a las fuerzas políticas y sociales y a la misma ciudadanía en la defensa de un periodismo de calidad, fundamental para la construcción de una democracia sana amparada en una sociedad vigilante de los abusos del poder.

10. Apostar por los colegios profesionales: La FAPE concibe los colegios profesionales de periodistas como estructuras de defensa de los intereses del colectivo profesional, que aseguran la calidad de un servicio ciudadano como el derecho a la información. Estas entidades encauzarán la profesión, defenderán a los periodistas y abrirán horizontes hacia un periodismo del siglo XXI".

Naderías marca FAPE que contrastan, en cualquier caso, con esta lista de defectos de los periodistas que publicaba -sin ánimo de ser definitiva- Clases de Periodismo el pasado verano:

"1. Falta de rigor y de ética. No cotejan bien la información que publican y cometen muchos errores (papel, web, radio, TV, etc).

2. Creer que son los únicos que tienen o conocen 'la verdad'.

3. Considerarse infalibles.

4. Pertenecen a la falsa élite de 'periodistas estrella'.

5. Querer únicamente sacar el titular con recursos como el '¿Usted no descarta…?'.

6. Autocensurarse por intereses varios.

7. Creerse salvadores y jueces.

8. Se confían demasiado de sus fuentes.

9. Olvidan que su objetivo principal es informar a las personas y no necesariamente ganarle a la competencia.

10. Tendencia al facilismo. Cultores del 'copy paste' y de 'googlearlo todo'.

11. Inventar estadísticas incomprobables para vender una nota que no existe.

12. Disfrazar la verdad.

13. No saben escuchar (ni a sus jefes ni a los lectores / ni a su conciencia).

14. Quieren ser protagonistas de la noticia  (hay excepciones que lo justifican).

15. No sentir amor por la carrera y pasión por lo que se hace.

16. Pensar que porque tienen un micrófono y una cámara están en todo el derecho de decir lo que se les antoje.

17. Demasiado ego.

18. No pensar en la audiencia y en que el periodismo es un servicio.

19. Trabajar en un medio donde la corrupción pasa hasta debajo de la mesa donde escriben.

20. Conformismo (en todos los niveles).

21. No se preocupan de aprender y se resisten a cualquier propuesta de cambio.

22. Les interesa más firmar la nota que entregar un buen trabajo.

23. Falta de solidaridad.

24. Indiferencia frente al dolor.

25. Sabotear el trabajo de sus colegas, ya sea por celos profesionales o personales.

26. Falta de creatividad e iniciativa.

27. Cero compromiso con su medio y con la profesión.

28. Es capaz de 'vender' su pluma y su opinión al mejor postor.

29. Confundir 'ficción' con periodismo en el afán de hacer un mal 'periodismo literario'.

30. Incapacidad para organizarse y producir de acuerdo al ritmo que las circunstancias de la organización demandan.

31. Padece de la enfermedad conocida como 'periodismo de declaracionitis', un mal que el escritor Gideon Lichfield reseña muy bien.

32. Escasa voluntad para investigar o confundir el simple reporteo con 'investigación'.

33. No ser autocrítico".

O sea, que la FAPE y sus asociados tienen tarea por delante.

23 ene 2011

El PP quiere ciudadanos ciegos y sordos


David Santos Holguín es un popular bloguero cacereño que desde sus Trece Rosas Rojas ofrece su "otro punto de vista" sobre los asuntos más variados de la actualidad. Su fuerte implicación política y social le lleva a vigilar de cerca la actuación de nuestros representantes públicos, como la semana pasada, cuando se encontraba grabando un pleno del ayuntamiento de su ciudad sin mayores inconvenientes hasta que se acercó hacia él un edil del Partido Popular de Cáceres para pedirle, haciendo gala de sus malos modales, que dejara de grabar: un ataque a varios derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de un cargo público sobre el que David reflexionaba así:

"Nueva política para nuevos tiempos. Nadie debería temer a la información, al conocimiento, porque todo se puede rebatir, discutir y argumentar con hechos, situaciones o posicionamientos de una forma o de otra, pero nunca llegar a situaciones extremas que nos hagan perder la compostura primero como personas y segundo como personas que queremos defender un interés público. Podremos estar equivocados, confundidos o acertados en los planteamientos, pero ante todo el respeto debe primar en cualquier circunstancia de la vida.

Una simple cámara no puede provocar enfrentamientos. Un simple argumento no puede llegar a un zarandeo. Una situación cotidiana amparada en la libertad expresión no puede provocar iras e incontinencias verbales prohibitorias de un derecho que ampara la Constitución y las restantes leyes como es el filmar o grabar a personajes públicos en lugares públicos, máxime si se trata de instituciones. El reciclaje de mentalidades es fundamental, pero que nadie malinterprete mis palabras; hablo de reciclaje mental, no de carné de identidad".

20 ene 2011

Lo que nos une y lo que nos separa

Esteban
Fuente | La Razón

El presidente del Gobierno quiso zanjar ayer la polémica por la implantación de la traducción simultánea en el Senado para los senadores que elijan expresarse en otra lengua oficial distinta del español y, de paso, destacó que el modelo autonómico acerca la administración a los ciudadanos y hace posible el reconocimiento de la pluralidad territorial. Al respecto, subrayó que esa pluralidad tiene una nueva manifestación: "Las lenguas en que muchas de sus señorías, como tantos ciudadanos, se expresan a diario, encuentran hoy un nuevo espacio en la Cámara que está llamada, por definición, a reflejar la pluralidad territorial. Lenguas que, como reconoce y establece la Constitución, son, todas ellas, 'lenguas españolas".

Sea, pero conste que un servidor se siente más cerca de la tesis opuesta, la que prefiere profundizar en lo que nos une -el español- que en lo que nos separa -el catalán, el euskera o el gallego-, como hace hoy Arcadi Espada en su columna de El Mundo: "El nacionalismo tiene razón cuando dice que los 350.000 euros anuales que cuesta la traducción simultánea en el Senado, un uno por ciento de su prepuesto, es un gasto 'no excesivo'. El exceso se calcula en relación al grado de necesidad. Y para los nacionalistas locales la lengua es su máximo rasgo identitario. ¿Cómo va a ser excesiva la identidad? El argumento lingüístico sustenta igualmente las decenas de canales autonómicos. Y es el que decide las políticas culturales nacionalistas, allí donde la propagación de la información y el conocimiento están subordinadas a la propagación de la identidad.

Cabe subrayar que, en el caso de la lengua, la política nacionalista no arraiga en el vacío. Es un lugar común contemporáneo que las lenguas merecen protección. Como la salud. Que son, también, un patrimonio cultural. Como las catedrales. Este mismo periódico se muestra justamente beligerante contra la ridícula decisión del Senado, y no sólo ridícula en términos económicos, sino también por lo que esa decisión supone de falacia: España no es un país multilingüe como Suiza o Bélgica, sino un país que dispone de una koiné eficaz: el español es nuestro pinganillo. Pero la beligerancia concreta y local de este periódico se esfuma cada dos por tres cuando publica dulces reportajes melancólicos sobre las lenguas que se pierden (ninguna lengua se pierde, sólo se transforma: de ahí que una inteligencia 'identitaria' inteligente siempre prefiera, en la lengua y en la vida, el acento, la manera, la influencia, antes que la frontera y el volapuk); o cuando alude a la 'riqueza lingüística' española: lo único que hace esa riqueza es costar dinero, y a manos llenas.

La diversidad lingüística peninsular, como los propios nacionalistas, son datos de la realidad, inesquivables en esta época pueril de España. Es inútil hacer como si no existieran. Pero la aceptación de la realidad no equivale a someterse a ella y, aun menos, a su acrítico ennoblecimiento".

ABC y Público | 20 de enero de 2011
Fuente | kiosko.net

Y puestos a denunciar la medida, prefiere un servidor despreciar la chabacanería partidista del arruinado ABC y optar por la vía elegante de Público: porque la crítica es más crítica cuando no lo parece.